La oposición y organismos de DD. HH. buscan aprovechar las vacilaciones del Gobierno para seguir machacando con las deficiencias del texto oficial y así ganar volumen en la discusión pública.

<p>Buenos Aires, 13 octubre (NA) -- Mientras crecen los reclamos de cambios al texto del proyecto del Gobierno sobre "Defensa de la Soberanía Nacional" no solamente desde la oposición sino desde adentro mismo de la alianza oficialista, la Cámara de Diputados retomará este miércoles el debate en comisión del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, aunque a la luz de la falta de acuerdos y definiciones no se prevé la firma de los dictámanes. El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto fue convocado para a las 15 en lo que será una prolongación del debate iniciado el 30 de septiembre pasado, en el marco de un encuentro que terminó de forma abrupta y tumultuosa por el escándalo de insultos y gritos que involucró al diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois con legisladores de La Libertad Avanza. El miércoles pasado, el debate bajó varios decibeles y recuperó el cauce de civilidad e intercambio pacífico, incluyendo la participación de representantes de organismos no gubernamentales que expresaron visiones críticas del proyecto. Al comienzo de la jornada se presentó la Secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, quien defendió técnica y políticamente la iniciativa del Gobierno, con la que se apunta a crear un nuevo sistema de seguridad nacional y reformar el aparato de Defensa para dar respuesta a la "amenaza externa". Para despejar sospechas sobre las motivaciones del oficialismo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, decidió dejar afuera el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional del temario de la sesión pedida para el 21 de octubre, cuando se tratarán los proyectos de discapacidad, endeudamiento familiar e inviolabilidad de la propiedad privada. Esa decisión le da margen al oficialismo para negociar cambios sin apuro para cuando se vuelva a abrir el recinto de la Cámara baja con posterioridad a la próxima sesión confirmada. La oposición y organismos de Derechos Humanos buscan aprovechar las vacilaciones del Gobierno -condicionado por los reclamos de sus aliados e incluso de diputados bullrichistas- para seguir machacando con las deficiencias del texto oficial y así ganar volumen en la discusión pública. La iniciativa del Gobierno, de 133 artículos, endurece sanciones económicas y penales a la explotación económica en Malvinas sin autorización argentina pero también rediseña las áreas de defensa, inteligencia y seguridad en Argentina. La oposición dura denuncia un "caballo de troya" para subordinar la política de seguridad y defensa al plan de "contrainsurgencia" de EEUU para América Latina y alertan que se busca no solo reprimir la disidencia interna bajo la falsa etiqueta de "amenaza externa" sino además perseguir la opinión libre en medios de comunicación. La estrategia de Unión por la Patria, el principal bloque de la oposición, es lograr que el oficialismo acepte reducir el proyecto a los artículos que contienen sanciones penales y económicas, y dejar afuera todo lo demás. Sobre esto último, hay una exigencia concreta de opositores, pero también de aliados y dialoguistas, de borrar de la redacción el artículo 111, que establece una escala de penas de prisión "para quien, actuando por cuenta, orden o financiamiento (total o parcial) de entidades u organismos extranjeros, realice acciones destinadas a alterar procesos electorales o el normal funcionamiento de las instituciones democráticas; manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva; y promover o financiar actos de violencia, sabotaje o alteraciones graves del orden público dirigidas a desestabilizar la seguridad interior o las instituciones del Estado". Desde la oposición alegan que ese artículo, coherente con la prédica incendiaria cotidiana de Milei contra medios de comunicación, es una amenaza real contra el propio trabajo periodístico, fomentando la autocensura y la persecución a la crítica legítima. Los cuestionamientos al proyecto también apuntan a la excesiva concentración de poder en manos del Poder Ejecutivo a través del Consejo de Seguridad Nacional, los protocolos para el derribo de aeronaves y hundimiento de buques, y la falta de precisión técnica sobre los criterios para definir una "amenaza externa" o una "actividad terrorista", pudiendo ser utilizadas como pretexto para reprimir la disidencia interna. LA POSTURA DEL CELS El Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) es uno de los organismos que más activamente está interviniendo en los debates públicos para que no avance el proyecto en los términos que dipuso el Poder Ejecutivo. "El Gobierno sostuvo que el proyecto sólo aborda amenazas externas, que no crea nuevas facultades para el Poder Ejecutivo y que no presenta problemas de constitucionalidad. Sin embargo, el proyecto incorpora el paradigma de la 'seguridad nacional' y reorganiza bajo ese concepto la defensa, la seguridad interior y la inteligencia", advirtieron desde el organismo de Derechos Humanos. La semana pasada había disertado la Directora Ejecutiva del CELS, Paula Litvachky, quien alertó que la iniciativa "reconfigura áreas centrales del Estado para dar lugar al Estado antiterrorista" bajo "el paraguas de la seguridad nacional". "Esta idea de seguridad nacional opera como marco político para justificar una fuerte concentración de poder en el Ejecutivo, el despliegue de medidas de excepción en forma normalizada", afirmó. La representante del organismo de Derechos Humanos alertó que el proyecto "amplía la persecución del terrorismo" con la consecuente una "restricción de libertades civiles", y lo hace a través de una "definición muy laxa" sobre lo que significa el "terrorismo" y la "amenaza externa". "Porque esto deja abierta la puerta a la discrecionalidad y la arbitrariedad estatal. Y, por lo que se ve en otros países de la región, el resultado es la securitización (es decir, la criminalización) de conflictos o de fenómenos sociales", agregó. Por otro lado, la expositora subrayó que "el proyecto incorpora peligrosamente delitos vinculados a lo que denomina actividades terroristas", de manera tal que "amplía la persecución por terrorismo con límites difusos que deriva en prácticas arbitrarias y en la restricción de libertades civiles y políticas sin que haya mucha posibilidad para reclamar al Estado". LOS PUNTOS CLAVE DEL PROYECTO DEL GOBIERNO El proyecto prevé el endurecimiento de las penas (hasta 20 años de prisión) por la explotación (o cooperación para la explotación) de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes, y de inhabilitarlas para operar en la Argentina. Se reemplaza la actual Ley 26.659 y se amplían las prohibiciones, que ya no alcanzarán solamente a los hidrocarburos sino a cualquier aprovechamiento no autorizado por la Argentina de recursos naturales renovables y no renovables. Además, habrá un registro público de infractores y el Estado y los particulares tendrán prohibido contratar con los allí inscriptos. Se incorpora además el juicio en ausencia para los delitos previstos en la nueva ley. Por otra parte, la iniciativa crea un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. Esta unidad tendrá a su cargo la coordinación estratégica de las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, además de intervenir en la protección de infraestructuras críticas. El Consejo podrá disponer medidas urgentes ante una amenaza grave e inminente, entre ellas restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, restringir importaciones y exportaciones y elevar temporalmente derechos aduaneros. Entre las prerrogativas, se autoriza el derribo de aeronaves y hundimiento de buques considerados hostiles como último recurso después de agotar otras instancias de un protocolo de actuación. Por otro lado, se prohibirán aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas políticas. También se incorporarán delitos por revelar secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros, colaborar materialmente con operaciones clandestinas de inteligencia y realizar, por cuenta o con financiamiento extranjero, acciones destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva, así como promover o financiar actos de violencia o sabotaje. Asimismo, el proyecto redefine las funciones de la Defensa Nacional autorizando su intervención en seguridad interna ante amenazas externas estatales y no estatales. Con la incorporación por ley del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) se habilita la inmovilización de bienes y la prohibición de operaciones económicas o financieras con personas y entidades inscriptas por su vinculación con el terrorismo o a su financiamiento. Agencia NA</p>