En total, se acusaron a ocho partícipes, la mujer en cuestión estaba a cargo del Registro Civil y los DNIs eran usados para sacar créditos y comprar bienes.
<p>Nueve personas, entre ellos<strong> la responsable del Registro Civil de la localidad sanjuanina de Pocito, fueron imputadas por conformar una asociación ilícita</strong> que confeccionaba de manera fraudulenta<strong> documentos de identidad</strong> que posteriormente<strong> se utilizaban en estafas para solicitar créditos y adquirir bienes que luego eran comercializados.</strong></p>
<p>El área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de San Juan, a cargo del fiscal Fernando Alcaraz, formalizó la investigación penal contra los acusados, entre quienes se encuentra<strong> la funcionaria N.L.C</strong>, según reveló el portal Fiscales.gob.ar.</p>
<p>La empleada de la institución, en conveniencia con otros imputados, habría llevado un esquema que consistía en<strong> incorporar datos biométricos, como fotografías y huellas dactilares, falsos en trámites formales, lo que permitía la emisión de los DNI materialmente auténticos, pero ideológicamente falsos, es decir, con una identidad apócrifa.</strong></p>
<p>La acusación comprende los <strong>delitos de falsificación de documentos destinados a acreditar la identidad de las personas, estafa, asociación ilícita</strong> y conductas previstas en la Ley Nº 17.671 de Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional.</p>
<p>La investigación se originó por una<strong> denuncia presentada el 19 de diciembre de 2024</strong> por una persona con residencia en la provincia de Buenos Aires, quien<strong> advirtió el uso de un DNI con imagen y huellas dactilares que no eran las suyas para contratar préstamos y realizar transacciones comerciales en su nombre.</strong></p>
<p>Las averiguaciones condujeron rápidamente al Registro Civil de Pocito, donde se identificó la posible implicación de personal del organismo en la emisión irregular de documentos oficiales.</p>
<p>Este “caso testigo” -como fue identificado por la fiscalía- permitió desplegar diversas medidas probatorias, como allanamientos, recolección de pruebas digitales y documentales, que derivaron en la formalización inicial de la investigación penal el 2 de julio pasado, cuando se dictó la prisión preventiva de N.L.C.</p>
<p>Uno de los imputados tenía un caso abierto por tráfico de estupefacientes en el norte del país por el cual ya cumplía una prisión domiciliaria, y para quien el MPF -Ministerio Público Fiscal- había solicitado prisión preventiva y se profugó luego de la audiencia de formalización.</p>
<p>Así, el registro de Pocito realizó una auditoría interna que detectó múltiples irregularidades similares, lo que derivó en denuncias complementarias por<strong> 22 casos adicionales de falsificación ideológica de documentos, de los que 18 se encuentran en grado de tentativa y cuatro habrían sido consumados.</strong></p>
